La sofisticación del delito económico significa, entonces, un nuevo riesgo para el marco normativo que regula el sistema económico y el objetivo social que debe cumplir, al provocar el descrédito del tráfico mercantil y sus instrumentos, la pérdida de confianza en agentes económicos y financieros, el perjuicio a las reglas de competencia, la desestabilización del mercado de capitales y la dificultad para implementar políticas que impacten sobre la economía real, entre otros efectos reiteradamente señalados por la doctrina, y a cuya salvaguarda se ha comprometido la República Argentina mediante la rúbrica de instrumentos como la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, Caracas, 1996, ley 24.759 (B.O. 17/1/1997); la “Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” (OCDE), París, 1997, ley 25.139 (B.O. 18/10/2000); “Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo”, Nueva York, 1999, ley 26.024 (B.O. 19/4/2005); la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, Palermo, 2000, ley 25.632 (B.O. 30/8/2002); la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, Bridgetown, 2002, ley 26.023 (B.O. 28/4/2005) y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, Nueva York, 2003, ley 26.097 (B.O. 9/6/2006). El mismo compromiso fue asumido por nuestro país a través de su participación directa en diversos foros internacionales, como el Grupo de los 20 (G-20) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), entre otros.

La legislación vigente y las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), exigen que los Sujetos Obligados y les integrantes de organizaciones con ciertos riesgos en la materia, estén altamente capacitados para detectar, prevenir y erradicar el lavado de activos en nuestro país.

El avance de los crímenes de cuello blanco y, en particular, del lavado de dinero, las implicancias de su propagación en la vida moderna de los Estados, los inconmensurables daños que producen y el poderío que absorben las empresas criminales, requieren de agentes y profesionales capacitados y especializados en el análisis, estudio y comprensión del sistema preventivo y represivo ideado para combatir el Lavado de Activos, que permita el fortalecimiento y la innovación de las herramientas diseñadas, potenciando su efectividad y generando nuevas estrategias.

En este marco y con el objetivo primordial de mejorar la eficacia de las intervenciones de todes les actores involucrados en la prevención del lavado de activos, la Unidad de Información Financiera (UIF), que tiene entre sus funciones la prevención, detección y erradicación del delito, particularmente, del delito de blanqueo de capitales; y la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de la Facultad de Ciencias Económicas, que por su parte, como universidad pública comprometida con su territorio y la formación de ciudadanos críticos, genera propuestas de perfeccionamiento y actualización profesional que permitan responder a los vertiginosos cambios de la sociedad actual, convergen en la creación de la “Diplomatura en prevención del lavado de activos”.